Desde su auto-exilio por tierras jarochas, el Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa confirmó lo que ya se maneja en los medios de comunicación: Se avecinan cambios en el gabinete estatal.
Desde su gobierno itinerante, el mandatario estatal explicó estos ajustes y dijo que atienden a causas naturales, a "ciclos de eficacia y de participación en la administración pública".
A menos que los "ciclos" de eficacia de Tomás Carrillo Sánchez sean extraordinariamente cortos, para ese caso en lo especial habría que buscar otra explicación.
Y debe ser especial ese caso, pues en año y medio el cuenqueño ocupó tres cargos dentro de la administración estatal (secretario de Agricultura, coordinador de Asesores del Gobernador y Subsecretario de Gobierno) todos ellos, claro está, de muy alto nivel.
Lo que intriga del gobernador viajero es que hable ya de más movimientos cuando no ha podido -o querido- completar el primero. Pasó ya una semana y la Subsecretaría de Gobierno, la encargada de atender los movimientos sociales que cada día se generan en la entidad, de mantener la gobernabilidad y de dar cauce a las inquietudes de los veracruzanos, sigue acéfala.
Si Gerardo Buganza espera a que el Gobernador llegue a su oficina de Palacio de Gobierno para acordar el cambio, entonces el asunto va para largo.
Si pasamos por alto el cliché de los "ciclos", tendremos que asumir que los próximos cambios serán consecuencia de los resultados electorales, como una forma de sancionar, en algunos casos, y de premiar, en otros, a los operadores del Gobernador.
En esta lógica, los cambios se darán en la medida en que se vaya teniendo el diagnóstico final de lo sucedido en Veracruz el pasado primero de julio.
Seguramente se crearán espacios para rescatar a dos de los candidatos consentidos del mandatario estatal, Oliver Aguilar Yunes y Francisco Cessa Servín, ambos derrotados por la "ola azul".
Y como se dan las cosas de la política en esta entidad, no dude que hasta el mismísimo cacique de Xalapa, Reynaldo Escobar Pérez, busque una posición en el servicio público, al menos para recuperar lo que le robaron sus operadores cuando buscaba la diputación federal por Xalapa Urbano. ¿Ladrón que roba a ladrón?
Doña Helenita Zamorano, con la sencillez que la caracteriza, volvió ya a su curul en el Congreso local.
Aunque se ha mencionado con insistencia, no parece que vaya a haber movimiento en la dirigencia estatal del PRI. No se debe perder de vista que Erick Lagos asumió el cargo cuando ya Héctor Yunes Landa había armado la estructura electoral y fue con esa con la que tuvo que trabajar el dirigente tricolor. Toca ahora a él hacer los ajustes para entregar mejores cuentas en las elecciones locales del próximo año.
Alguien tendría que sugerirles a personajes como Enrique Ramos (CTM) y Berta Hernández (CNC) que ya es momento de dejar el hueso, que ya no aportan nada a su partido y en cambio se han convertido en verdaderos lastres.
El que tampoco se moverá de su posición es Jorge Carvallo Delfín. Aunque hay una fuerte corriente que le quiere pasar exclusivamente a él la factura de la derrota de Enrique Peña Nieto en la entidad, en su calidad coordinador de campaña, los que deciden en Veracruz tienen claro que las derrotas obedecieron a varios factores y que la decisión sobre si se debe premiar o castigar a Jorge Carvallo no está en Veracruz, sino en el estado de México.
Un cambio que se tendría que estar dando muy pronto es el del Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) cargo que ocupa desde el 2006 Mauricio Audirac Murillo.
La Constitución local en su Artículo 67 establece que el Auditor General durará en su cargo siete años y podrá ser reelegido una sola vez. El tema es que el expediente de Audirac está lleno de quejas y desde las más altas esferas del gobierno estatal se le ha insinuado que ya es momento de que deje esa posición para que el mandatario estatal esté en libertad de sugerir a alguien con más cercanía y confianza.
Todo apunta a que en algún momento, tal vez en la segunda mitad de este gobierno, esa posición la ocupe el actual Contralor General, Iván López Fernández, pero para que eso suceda tiene que dejar con un año de anticipación el puesto que actualmente ostenta, o que se aplique la "reynaldiña", esto es, que se modifique la Constitución para desaparecer el candado.
Habrá otros funcionarios a los que, aunque entregaron buenas cuentas en el ámbito electoral, tendrán que llamarles la atención, pues abandonaron de plano sus responsabilidades en el servicio público, por las que cobran. En esa materia la lista es larga.
¿Habrá cambios?
Sí, pero éstos no atienden a "ciclos", sino a medidas disciplinarias, vamos a ajustes de cuentas.
Lo importante es que los espacios que se abran sean ocupados por esos operadores leales, que "se la jugaron" para responderle a su Gobernador.
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