• Establece que los aspirantes deberán cumplir con un examen de conocimientos, análisis curricular y comparecer ante las comisiones respectivas.
• La propuesta se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

Ciudad de México/ Para ello, detalla que algunos criterios de evaluación como: examen de conocimientos, cuyos resultados serán públicos, atendiendo al principio de máxima publicidad, mediante un proceso transparente, que garantice la inmediatez de los resultados y cuyos reactivos de evaluación serán creados por instituciones de educación superior, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil.

Además, propone que se realice un análisis curricular, donde se ponderarán los grados académicos, la experiencia profesional y laboral, las publicaciones e investigaciones realizadas, la participación en organismos o asociaciones profesionales y sus antecedentes profesionales.

Así como la realización de una comparecencia ante las comisiones dictaminadoras, que será evaluada tomando en cuenta la fama pública del aspirante, la organización en su presentación, el conocimiento del tema, material de apoyo, cierre de la presentación y capacidad de respuesta en las réplicas. La ponderación de cada etapa será proporcional y acumulativa, precisa.

Lo anterior, explicó la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, con el propósito de que los más altos cargos del país se realicen en función de los méritos profesionales y no de sus vocaciones políticas, lo cual, implica evolucionar a un sistema político que permita dar fortaleza institucional a todos nuestros órganos.

Además, precisó que es necesario dotar de mayor transparencia los procedimientos de nombramientos de todos los funcionarios de alto rango, en especial los que tienen la titularidad de órganos constitucionales, pues en muchas ocasiones “no deja de ser un espacio para la repartición de cuotas partidistas o un pago de compromisos personales”.

La legisladora del PAN resaltó que en diversas ocasiones, tanto los ciudadanos como los aspirantes a cargos públicos, reclaman opacidad en las designaciones, desde Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta titulares de órganos autónomos constitucionales, por lo que se deben legitimar las decisiones que se toman, con mejores argumentos que nuestro simple juicio subjetivo de quien creemos cada quien que es el mejor perfil para un determinado cargo.

 “No pretendo que los Poderes de la Unión pierdan su capacidad soberana de decisión y designar ciertos cargos públicos, pero si transparentarla, profesionalizarla, guiarla y recuperar la confianza de los ciudadanos”, señala en el texto de la iniciativa. 

Sin embargo, si se quiere tener un país mejor, entonces debemos reclutar a los mejores en los cargos de decisión, puntualiza.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.