18 de Abril de 2024
Entorno Político | Local
Martes 29 de Julio de 2014 | 3:23 p.m.

Prisión preventiva de oficio, para desaparición forzada

Redacción
  • Se busca garantizar la autonomía de las investigaciones y evitar la obstaculización del proceso judicial
  • Propone Grupo Legislativo del PAN que aumenten las penas por sustracción de menores

Xalapa, Ver./ Un Juez podría ordenar prisión preventiva de oficio en los casos de delitos de desaparición forzada, de acuerdo con la propuesta del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentada ante el pleno por la diputada Ana Cristina Ledezma López durante la Decimocuarta Sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.

La representante popular explicó que esta Iniciativa con proyecto de decreto reformaría el artículo 300 del Código 574 de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz y se armonizaría la legislación estatal con la federal.

La aprobación de la iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales –explicó–, garantizaría la autonomía de las investigaciones y evitaría obstaculizar el proceso judicial.

Ledezma López recordó que la desaparición forzada implica la privación de la libertad, el ocultamiento y la negativa en el reconocimiento de tal privación. Además, la violación de derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana y la integridad personal, entre otros.

“La práctica de la desaparición tiene efectos destructivos no sólo en la víctima, sino en su familia y, aún más, en la sociedad”, dijo.

Aumentarían penas por delito de sustracción de menores

En nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Alejandro Zairick Morante propuso que se imponga penas de tres a diez años de prisión a los culpables del delito de sustracción de menores.

El Legislador explicó que la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 241 del Código Penal del Estado, busca preservar el derecho de quienes tienen la guarda y custodia de menores o incapaces y garantizar su seguridad.

La propuesta, que analizará la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, contempla que, si el indiciado devuelve al menor o incapaz a quien tenga su custodia, podría obtener la libertad provisional.

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