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Entorno Político | Opinión | Martes 10 de Enero de 2017 | 10:06 p.m.
Al Estilo Mathey
Gustavo Cadena Mathey
Al Estilo Mathey
A meter reversa con el presupuesto

Buen día apreciado lector:

Claro que el Poder Judicial no se iba a quedar callado.

Ante algo así como las cuentas del gran capitán que le hicieron los congresistas del estado para reducirles lo que en la ley se precisa, apoyado por el pleno, es decir, con la aprobación del mismo órgano que por unanimidad le llevó a la presidencia de la institución el pasado primero de diciembre, el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Edel Álvarez Peña anunció ayer que este poder promoverá en los próximos días y a más tardar el 30 de enero, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, habiendo tantas necesidades para dignificar la tarea de la impartición de justicia, el congreso del estado solo les asignó el el 1.45 por ciento en lugar del dos por ciento como les corresponde y establece la ley.

Al término de la sesión plenaria de los martes, comentó que los magistrados, jueces y todo el personal del Poder Judicial realizan una labor permanente y solidaria, “de mucho esfuerzo, de mucha disciplina para el pueblo veracruzano y no merece este trato ni esta violación a sus derechos”.

Demasiado sospechosismo

Pero Álvarez Peña no solo dio la nota con el sorpresivo anuncio sino que, por si a alguien se le había olvidado, volvió al tapete de las discusiones el escandaloso caso del prófugo ex mandatario Javier Duarte de Ochoa y le urgió al gobierno federal a que actúe, a que no se hagan como el Tío Lolo y acelere la detención del autor de todos los males que ahora afligen a los veracruzanos:

 “En el Poder Judicial hacemos un llamado serio al gobierno federal para que urja a la Procuraduría General de la República la detención de Javier Duarte de Ochoa, debido a que vemos que va muy lenta”.

Con esa típica picardía tan sureña y con cara de absoluto convencimiento precisó: “no pensamos que exista incompetencia ni complicidad”.

Aunque sí expresó el sentir de las mayorías al explicar: “pero sí sentimos que los veracruzanos estamos viviendo en carne propia y me uno como Poder Judicial, una de las situaciones más difíciles en la vida económica y política del estado, porque no se ha detenido a este ex gobernador con sus compañeros y porque además no se ha reintegrado el dinero que fue tomado de las arcas, lo que está afectando la economía de los veracruzanos”.

Recordó que elementos de la PGR se llevaron todos los documentos y expedientes y dejaron sin herramientas al Gobierno estatal para proceder en este caso.

"Sí, se lo llevaron todo, no quiero pensar que fue incompetencia o complicidad, por lo que es importante que se resuelva de acuerdo al reclamo de los veracruzanos”.

Y claro que no lo dijo, pero es obvio que la sociedad ya no le cree al gobierno federal y sospecha que el fugitivo está siendo ayudado para que no diga quién sabe cuántas cosas que haya aportado al sistema.

Por último Álvarez Peña expresó el reconocimiento del Poder Judicial a la actitud del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al haber encarado con objetividad y oportunamente, el problema reciente de las manifestaciones y de los saqueos que se dieron en tiendas comerciales del estado, actitud que destacó, ayudó a mantener la paz.

¿Cómo la ven?

Por cierto seguramente levantará polvo por quien lo propone y lo que propone a nombre del Grupo Legislativo del PRI, el diputado local Juan Manuel del Castillo González, como esa serie de reformas a la Constitución Política local para reducir el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Estado de diez a seis años.

Considera que de aprobarse, les permitiría ser reelectos o ratificados en el cargo jurisdiccional, aunque sólo si cumplen ciertos requisitos.

Pretende que la reelección o ratificación de los magistrados cese al cumplir 70 años de edad; al cumplir 15 años en el cargo; cuando se les declare con incapacidad física o mental, o de incurrir en alguna causa de responsabilidad administrativa, política o penal.

Del Castillo González señala que debe ampliarse a todos los magistrados la facultad de elegir a su presidente, ya que en la actualidad esa decisión sólo le corresponde a los presidentes de las salas colegiadas que integran este Poder.

Para el caso de los magistrados ya nombrados para un periodo de diez años improrrogables, el priísta propone, en los transitorios, que también estén en posibilidad de ser ratificados o reelectos en sus cargos así como designar provisionalmente a los magistrados del TSJ y tomarles la protesta de ley, así como la de concederles o negar las solicitudes de licencias o renuncia que les sometan dichos servidores.

Ojo con el procedimiento

De llamar la atención lo que dice el abogado Tomás Mundo Arriasa, quien se ha caracterizado por ser un profundo estudioso del derecho.

De acuerdo con sus observaciones y desde la óptica de la Reforma Procesal Penal, en el caso de los 37 detenidos recientemente en Poza Rica así como para todos los detenidos en el tema de los disturbios de protesta contra comercios por el gasolinazo, para todos ellos opera el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Recuerda Tomás Mundo que es obligación de la Fiscalía General del Estado, acreditar con evidencias, “con evidencias”, precisa, la comisión del o los ilícitos y la participación de los sujetos implicados: “caso contrario, un juez tendrá que liberarlos; nos guste o no, eso es la reforma procesal penal, así que toda la carga probatoria correrá a cargo de las fiscalías”.

Acucioso investigador del nuevo sistema que por cierto confunde a la población que no atina a entender el hecho de que a muchos involucrados se les permita la libertad “para enfrentar el proceso” fuera de la prisión, Mundo Arriasa comenta que “otro error en el que normalmente incurren las fiscalías, es la violación de la presunción de inocencia de los detenidos, y la exposición ante los medios de comunicación”.

Conocedor de las leyes, el esforzado investigador agrega que se debe observar obligadamente lo que señala la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso J. vs Perú. Excepción Preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de Noviembre de 2013.

Porque si los familiares de los detenidos alegan violación al debido proceso, es muy seguro que la mayoría de los detenidos podrían obtener la libertad vía justicia federal.

Así que ¡aguas abogados!

Escaparate

***El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) está invitando a la sesión pública extraordinaria que se llevará a cabo hoy a las cuatro de la tarde en la sala del pleno de este instituto, donde se resolverán importantes asuntos.

***Mi gratitud y saludo a don Samuel Antonio Macías Domínguez por los comentarios enviados a este reportero en torno de lo que en este espacio se publica.

Un abrazo.

Tenga el lector otro día de paz y armonía.

 

gustavocadenamathey@hotmail.com

Gracias por participar.
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